Los documentos destruidos en estos archivos son insumos indispensables para los procesos judiciales, en tanto permiten identificar patrones de responsabilidad estatal, establecer cadenas de mando y aportar pruebas en causas de desaparición forzada o crímenes de lesa humanidad.

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó, en un fallo unánime, las condenas de tres oficiales en retiro del Ejército por la incineración de archivos microfilmados de la Central Nacional de Informaciones (CNI). Dicha actuación del personal militar impidió contar con información relevante entre 1980 y 1982 en torno al funcionamiento de este organismo de la dictadura encargado de la represión.

El tribunal ratificó las penas para el general de Brigada (r) Eduardo Jara Hallad y la teniente coronel (r) Mercedes Rojas Kuschevich, ambas de 3 años y un día de reclusión, en calidad de autores del delito de infidelidad de custodia de documentos. En tanto, el general de División (r) Carlos Chacón Guerrero recibió una pena de 200 días de reclusión como encubridor de la misma infracción.

Los hechos fueron perpetrados entre 2000 y 2001: por orden del general Jara Hallad, la teniente coronel Rojas Kuschevich coordinó la destrucción de archivos microfilmados de la CNI. Tras inspeccionar dicho material en dependencias de Contrainteligencia de la DINE, Rojas Kuschevich ordenó a los suboficiales Luis Zúñiga y Osvaldo Ramírez trasladar documentos a la localidad de Nos. Ahí, en la Escuela de Inteligencia, los archivos fueron quemados de forma irregular y sin dejar registro legal. Pese a la falta de actas, el operativo fue reportado al jefe del Estado Mayor de la época, el general Carlos Chacón.

En su calidad de responsable de la custodia y preservación de los archivos de las Comisiones Valech I y Valech II, el INDH ha señalado la importancia de los archivos que registran violaciones a los derechos humanos. Desde una perspectiva de justicia transicional, los documentos guardados en estos archivos son insumos indispensables para los procesos judiciales, porque permiten identificar patrones de responsabilidad estatal, establecer cadenas de mando y aportar pruebas en causas de desaparición forzada o crímenes de lesa humanidad.

Al mismo tiempo, y desde el punto de vista de la reparación, los archivos permiten a las familias acceder a información sobre sus seres queridos, rompiendo décadas de silencio. Y por último, en una dimensión social y de compromiso democrático, los archivos garantizan que la memoria sobre lo ocurrido no quede oculta, promoviendo la educación en derechos humanos y la no repetición.

El fallo evidencia las dificultades de acceder a la verdad. La destrucción de estos documentos imposibilita contar con información relevante respecto al funcionamiento de la CNI entre 1980 y 1982 o el seguimiento realizado al ex Presidente Eduardo Frei Montalva.

Informe Anual del INDH

El INDH incorporó en el Informe Anual 2025 el capítulo Derecho a la verdad y acceso a archivos que documentan las violaciones a los derechos humanos de la dictadura. Aquí se refirió a este caso y señaló las dificultades para avanzar en el acceso a la verdad: “Estos procesos no han estado exentos de retrocesos o pausas que reflejan las persistentes disputas sobre cómo enfrentar el pasado, la difícil construcción de acuerdos políticos para superar trabas normativas, así como la resistencia de los responsables y de quienes participaron o conocieron de las violaciones a los derechos humanos a terminar con los pactos de silencio respecto de los crímenes y, de esa manera, favorecer el acceso a la justicia y la reparación”.

INDH

A propósito del debate en torno a la ley miscelánea de reconstrucción nacional actualmente en discusión, resulta difícil no evocar el concepto de “sociedad líquida” desarrollado por el sociólogo y filósofo Zygmunt Bauman. Vivimos en una época donde las convicciones cambian con rapidez, los apoyos se debilitan y la opinión pública se vuelve cada vez más volátil.

Esto permite entender cómo, en un lapso breve, un gobierno que obtuvo un amplio respaldo puede ver disminuir significativamente su nivel de aprobación. No necesariamente estamos frente a una contradicción, sino ante una característica propia de nuestro tiempo: adhesiones que nacen con fuerza, pero que también se diluyen con facilidad. A ello se suma un factor no menor: ese respaldo inicial también puede haber estado influido, en parte, por un voto de castigo hacia el desempeño del gobierno anterior, más que por una adhesión profunda y sostenida al proyecto que hoy se evalúa.

En Chile, la clase media alcanza a varios millones de personas —entre 7 y 10 millones según distintas estimaciones—. Es a ese amplio sector al que, en definitiva, impactan este tipo de decisiones. En la Región Metropolitana se concentra una parte importante de ellos, con más de 2 millones de personas, especialmente en comunas como Puente Alto, Maipú, La Florida, San Bernardo o Quilicura, entre otras. Se trata de territorios donde conviven aspiraciones de progreso con incertidumbres muy concretas: estabilidad laboral, educación, vivienda y seguridad.

En estos sectores, la formación de opinión suele estar marcada por la urgencia del día a día. Así, la crítica rápida, la reacción inmediata y los cambios de posición no son una anomalía, sino parte de una realidad donde lo transitorio predomina sobre lo permanente. Es en este punto donde se hace visible un fenómeno que podría denominarse mesofagia política: una dinámica en la que el espacio moderado —propio de la clase media y de posiciones intermedias— es progresivamente tensionado y desplazado por visiones más polarizadas, reduciendo el margen para acuerdos amplios y razonables.

En ese contexto, y a pesar del clima de cuestionamiento que hoy rodea a la iniciativa, en lo personal estimo que la ley miscelánea de reconstrucción nacional terminará siendo aprobada. No solo por la lógica de los acuerdos que suele imponerse en la etapa final, sino también porque existe una expectativa real en amplios sectores de la clase media. No me cabe mayor duda de que, ante una consulta directa, muchos la respaldarían, no necesariamente desde un análisis técnico, sino desde la experiencia: porque votaron por cambios que esperaban ver reflejados en su vida cotidiana. Más que explicaciones, buscan resultados. Quieren comprobar en la práctica si aquello que se les ofreció se cumple. Y si no es así, serán ellos mismos quienes, con la misma rapidez con que apoyaron, retiren ese respaldo en el futuro.

Christian Slater E.

De mis apuntes de ética.