Sr Director

El acceso a celulares es parte de la vida actual desde temprana edad: niños y niñas adquieren su primer celular en promedio antes de los 9 años. Este acceso temprano es complejo porque ocurre en plena etapa del desarrollo donde muchas habilidades no se han adquirido, lo que junto a un uso inadecuado puede causar problemas en diversas dimensiones del desarrollo.

Debido a la falta de información y estudios, además de los avances y la rápida adopción de la tecnología, no se habían tomado medidas adaptativas ni preventivas para los efectos que el uso de celulares puede causar en niños, como el proyecto de ley aprobado que entrará en vigor en marzo de 2026.

Actualmente, se deben buscar acciones que permitan el equilibrio entre el buen uso de la tecnología, recogiendo sus beneficios y previniendo sus efectos negativos.

La ley que prohíbe el uso de celulares abre un debate entre la prohibición, la regulación y la educación, al tiempo que surge como una respuesta a una necesidad evidente: los dispositivos móviles son una fuente constante de problemas en educación.

Experiencias internacionales demuestran que se han implementado medidas para regular y/o prohibir el uso de celulares con buenos resultados, de igual forma, la UNESCO en el informe GEM 2023, recomienda que se prohíban los celulares en las escuelas porque distraen a los estudiantes y afectan su aprendizaje.

En Chile, algunas comunidades ya han implementado medidas de regulación, reconociendo que la adaptación no fue fácil, pero que, con el tiempo, ha producido efectos positivos en la convivencia y lo académico, demostrando que puede ser una estrategia valiosa. Algunos desafíos que se vislumbran tendrán relación a las dificultades para adoptar esta medida, el trabajo con las familias, afrontar las resistencias de cada comunidad, y promover el cambio cultural para que sea una medida sostenible en el tiempo.

La tecnología es parte esencial de la vida actual y una competencia indispensable para el trabajo del futuro, por ello, es imprescindible incorporar a futuro asignaturas sobre el uso ético, técnico y responsable para avanzar a un uso consciente y responsable.

La prohibición no puede ser la única vía, el verdadero desafío es cultural: aprender a convivir con la tecnología, desarrollando habilidades para usarla con conciencia, sentido y responsabilidad.

Ana María Tello

Directora Escuela de Educación Iplacex

 Señor Director:

En 2025, la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) reportó una disminución significativa en la emisión de licencias médicas: 7.016.470 licencias, cerca de un millón menos que en 2024, equivalente a una caída de 12,9%. Esta reducción implicó un menor gasto del Subsidio por Incapacidad Laboral (SIL), estimado en torno a US$675 millones, reflejando avances relevantes en fiscalización y control del uso de recursos públicos.

Estos resultados abren una oportunidad para consolidar mejoras estructurales en la gestión del sistema de salud. En ese contexto, resulta imprescindible considerar la situación financiera de la red pública y su relación con los proveedores que aseguran el abastecimiento de medicamentos, dispositivos médicos e insumos críticos.

Actualmente, la deuda del Ministerio de Salud, Fonasa y Cenabast con proveedores supera los US$150 millones, cifra que podría acercarse a los US$500 millones al incorporar a municipalidades y corporaciones municipales. Esta situación tensiona la cadena de suministro y afecta la continuidad de la atención.

Profundizar la fiscalización, fortalecer la gestión y mejorar la eficiencia del gasto público es clave para avanzar hacia un sistema de salud financieramente sostenible, que cumpla oportunamente con sus compromisos y garantice el acceso continuo a insumos esenciales para la población.

Claudia Papic

Vicepresidenta Ejecutiva

Cámara Nacional de Laboratorios Farmacéuticos