Hace 3 horas se supo del suicidio de una funcionaria a honorarios de la Municipalidad de Maipú, esto se une a otros hechos que burlan la Ley Karin.

El sindicato de trabajadores a honorarios de la Municipalidad de Maipú recibió la triste noticia del suicidio de una funcionaria de DIPRESEC. Las eventuales causas serían que este mes no tendría sueldo, a lo que se sumaba que no le pagaban las licencias médicas y las deudas de arriendo la tenía pasando en un duro momento.

Esta mañana fue encontrada fallecida en su pieza por Vespucio con Segunda Transversal, eventualmente producto de un suicidio, es la funcionaria a honorarios Claudia Galarce, quien trabajó muchos años en el módulo 16, sector Pajonal, pero últimamente asegura fue discriminada enviándola a otros módulos, pidió ayuda a psicólogos municipales y más bien se burlaban de ella asegura un dirigente

Estaba estudiando con ella un reclamo contra su jefa Marcela Tobar por maltrato laboral, nos señala Darío Días, presidente (S) del Sindicato Honorarios y hoy no enteramos de su suicidio a causa de su precariedad económica. Sus compañeros (as) estaba realizando una rifa y no se la logaron entregar el aporte.

Claudia Galarce era una mujer muy solidaria producto de su labor en terreno en los módulos, por ellos sus compañeros de trabajo en DIPRESERC, que supieron la noticia cerca de las 20:00 horas de este lunes 19 de agosto, estar consternados, sobre todo por el rancio ambiente laboral que lleva a estas tristes determinaciones.

El trato al funcionario es del Sr. de la Querencia, porque sin duda pasara lo mismo que en el caso de SMAPA donde una funcionaria al no aceptar la sugerencia sobre una licitación con, le gritaron a viva voz “aquí va a correr sangre, van a cortar cabezas”, articulo que colocaremos mañana.

Lamentablemente no hay un Concejo Municipal fiscalizador y la Ley Karin no la conocen o la miran por el hombro. Esta establece como obligación de las empresas y de los órganos del Estado un protocolo de prevención del acoso laboral /o sexual y la violencia en el trabajo.

Adentrados en el siglo XXI, seguimos impresionándonos por la velocidad con que los avances tecnológicos establecen nuevas realidades, incluyendo mejoras significativas en la calidad de vida. Negarse a este escenario ya no resulta factible, como tampoco establecer per se que las tecnologías son buenas o malas, ya que la intención con que se usen tendrá la última palabra. Explorarlas para buscar aplicaciones que contribuyan al bienestar, será así indispensable.

Sin embargo, esta mirada positiva no puede llevarnos al simplismo de dejar que las cosas ocurran sin control. En el caso particular de la Inteligencia Artificial Generativa (IAG), no es posible resignarnos a un uso desregulado y destinado a maximizar los ingresos de grandes transnacionales, a costa de las obras e interpretaciones de los artistas.

Es lo que hoy está ocurriendo en la música, con generadores de IAG que a partir de los deseos y lineamientos de un usuario son capaces de emanar nuevas canciones, las que por cierto no vienen de la nada, sino de la carga masiva de cientos de miles de obras, compuestas por miles y miles de creadores, sin ningún tipo de autorización y mucho menos de compensación hacia ellos.

Para quienes apreciamos el talento de los y las artistas, desde luego que esto es inaceptable. Debemos alzar la voz ante los atropellos que a partir de estas tecnologías se pueden suscitar, entre ellos la vulneración de los derechos de autor, cuerpo legal que regula el uso de creaciones artísticas en la gran mayoría de los ámbitos, pero no aún en las plataformas de IAG.

Nuestra Cámara de Diputados hoy se encuentra discutiendo un proyecto de ley sobre regulación de sistemas de Inteligencia Artificial, el que en su génesis no contempló el impacto de esta tecnología en la vida cultural ni la perspectiva de los creadores, quienes recién esta semana fueron recibidos en Comisión. Hoy vemos un espacio para corregir una propuesta que, tal como ahora está planteada, sólo favorecería a las grandes corporaciones tecnológicas, sin proteger ni respetar los derechos de autores e intérpretes; incluso, las pocas alusiones que hay a la propiedad intelectual en el texto, la socavan significativamente.

Como representantes de los músicos y músicas, estamos convencidos de que toda utilización de contenidos protegidos, sea para entrenar modelos de IAG o cualquier otro uso, debe ser autorizada, y por lo mismo somos enfáticos: Ninguna ley sobre Inteligencia Artificial puede elaborarse de espaldas a los creadores y artistas chilenos, ni menos a costa de sus derechos.

Juan Antonio Durán

Director General en Sociedad Chilena del Derecho de Autor