Liderados por la presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, municipios de la Región Metropolitana, se unieron para enviar camiones aljibes, para ayudar a las comunas afectadas por los incendios forestales.

Los municipios de Providencia, La Florida, Lo Barnechea, Las Condes, La Granja, Huechuraba, Talagante, son algunas de las comunas que han comprometido su ayuda, para intentar contener la emergencia, que mantiene a las regiones de Ñuble y Biobío en Alerta Roja.

La presidenta ACHM, indicó que “la idea es poder organizarnos y por eso hemos hecho un esfuerzo con Senapred y ver efectivamente cuáles son las ayudas que se necesitan con mayor urgencia, no sólo para enfrentar la emergencia  en lo inmediato sino también durante los próximos días y es ahí donde surge la idea de los camiones aljibes como una primera respuesta”.

La jefa comunal de Peñalolén dijo también que “existe la iniciativa de varios alcaldes para reunir alimentos para las familias afectadas, como también agua embotellada para el consumo de la comunidad y los voluntarios que combaten los incendios” además de agregar que “la idea es poder seguir coordinando la ayuda tanto desde Santiago, como de las comunas de regiones que quieran llegar directamente con su ayuda al territorio afectado”.

Colaboración público-privada: Urgente hoy, importante siempre.

Hemos sido testigos de la devastadora tragedia de los incendios que han afectado a cientos de familias en el sur del país. Ante tamaña adversidad y, en buena hora, surgieron voces desde distintos actores políticos, sociales y empresariales que optaron por el camino del diálogo y la colaboración para enfrentar esta crisis. No solo se necesita resolver la urgencia de apagar el fuego, sino que también se requieren esfuerzos, recursos y voluntades para una reconstrucción con celeridad ante la llegada de un otoño que está más cerca de lo que parece.

Desde mirada de las políticas públicas, organismos internacionales, gobiernos de diversas latitudes y la literatura académica han puesto su atención en el concepto de colaboración público-privada como un mecanismo clave, no solo para enfrentar situaciones de crisis, sino que para establecer mecanismos institucionalizados que generen valor y bienestar para las sociedades, como por ejemplo, integrando en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas a empresas y organizaciones sin fines de lucro que complementen desde sus perspectivas el trabajo de los organismos técnicos estatales.

Naturalmente, este enfoque implica esfuerzos de todos los involucrados. En primer lugar, superar la dicotomía de lo estatal versus lo privado, anteponiendo voluntad de cooperación y diálogo. En segundo lugar, se requiere explorar nuevas formas de encausar las relaciones público-privadas y avanzar hacia mecanismos que institucionalicen la cooperación, coordinación y diálogo más allá de las relaciones contractuales o regulatorias y con la flexibilidad suficiente que exigen los tiempos actuales. Tercero, se necesitan actores en cada una de las partes involucradas que comprendan las lógicas de esta nueva forma de relacionarse a fin construir diálogos fructíferos frente a desafíos emergentes y altamente dinámicos en diversas materias como medio ambiente, surgimiento de nuevos mercados, salud, inteligencia artificial, etc.

Si bien, la colaboración público-privada no es nueva en nuestro país, necesitamos que el ánimo colaborativo sea sistemático y permanente, pues “lo público” nos involucra y compromete a todos, no únicamente cuando ocurren situaciones tan lamentables como los incendios forestales. Hoy la colaboración no solo es importante, sino que también es urgente.