Alcaldes de todos los sectores se unen en la lucha contra la delincuencia
Declaración
Lo que ha quedado en
evidencia esta semana es que hay desigualdad en los recursos con que cuenta
cada municipio para hacer frente a los problemas de seguridad de las comunas.
Los alcaldes que nos hemos reunido esta mañana del 21 de agosto de 2019 hemos
concordado una serie de puntos que nos preocupan y frente a los cuales debemos
reaccionar ahora.
- La desigual distribución
de los recursos policiales. Ya en 2009, la prensa de la época señalaba que en la zona oriente
de Santiago había una dotación policial, cuatro veces superior a la de otras
comunas del Gran Santiago. En la actualidad, de acuerdo con la información que
disponemos, las comunas de la zona Oriente doblan en dotación policial por
habitante a otras comunas de sectores con más problemas, tanto en la Región
Metropolitana como en otros núcleos urbanos del país. Como han señalado algunos
estudios, el acceso a la información en Carabineros de Chile respecto a la
dotación policial por comuna ha tenido importantes restricciones. Es hora de transparentar dicha información
para dar tranquilidad a nuestros vecinos y vecinas.
- Reposición de un
programa de prevención del delito de carácter permanente para las
municipalidades del país. Desde 2017 que no contamos desde el Estado central, con un
programa de seguridad que provea recursos y herramientas a los municipios de
forma permanente para enfrentar los problemas de seguridad que tenemos en los
territorios. El presupuesto de la Subsecretaría de prevención del delito
representa un paupérrimo 1.2% del total del presupuesto público para seguridad
y justicia. Con este presupuesto ni siquiera alcanza para cubrir necesidades
mínimas. Reconocemos otros esfuerzos del gobierno central para proveer
tecnología y proyectos por vía de fondos concursables, pero se requiere un
esfuerzo mayor y más sostenido en el tiempo. Solicitamos al ejecutivo la reposición de un programa de este tipo, como
ha existido en los últimos 20 años.
- Nuevas atribuciones a
los municipios, pero sin presupuesto. Se discute en el Congreso un proyecto de ley que
modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades proponiendo nuevas
funciones para los municipios en materia de tránsito y violencia intrafamiliar,
pero esas funciones no tienen recursos frescos asignados. Es decir, de
aprobarse ese proyecto, se generará una nueva desigualdad: solo los municipios
con más recursos podrán implementar de forma eficiente esas nuevas funciones. Solicitamos a los presidentes de la comisión
de seguridad ciudadana de la Cámara de Diputados y del Senado estudiar
seriamente esta situación y corregirla.
- Mayor tasa de
homicidios en núcleos urbanos. De acuerdo con el estudio mundial de homicidios (ONU, 2019) Chile
tiene una tasa baja de homicidios (3,7 por cada 100 mil habitantes) comparada
en el continente americano. Sin embargo, esta ha ido subiendo (en el mismo
estudio, 2013, la cifra era de 2,7) y se concentra en comunas de núcleos
urbanos. Solicitamos al ministerio del
interior la constitución de una mesa de trabajo policial cuyo foco sea la
seguridad en nuestras comunas y barrios adoptando medidas inmediatas para que
hechos como los sucedidos en Puente Alto no se repitan.
- Barrios y
narcotráfico. Valoramos la iniciativa del gobierno de priorizar 33 barrios. Sin
embargo, la realidad de penetración del narcotráfico la vuelve insuficiente. De
acuerdo con cifras informadas por el ministerio público, en 2017 había 174
barrios considerados como críticos. En estos barrios se concentraban varios
factores como falta de prevención o alta concentración de denuncias. De acuerdo
con otros estudios también en este tipo de barrios hay una alta incidencia de
delitos relacionados con violencia de género e intrafamiliar, además de graves
falencias en conectividad, viviendas y áreas verdes, lo que revela la
importancia de que los municipios cuenten con recursos para intervenir en estos
espacios públicos. Por estas razones,
solicitamos a la Subsecretaría de Prevención del Delito aumentar de 33 a 50 los
barrios priorizados.
- Seguridad para todas las comunas del país. Sería injusto señalar
que este es un problema de la región metropolitana o de los principales núcleos
urbanos del país. En distintas localidades, aún las más apartadas, la realidad
del microtráfico o la comisión de otros delitos de carácter rural, tales como
el abigeato o el robo de cables, preocupan a nuestras autoridades locales. Es
necesario que exista un plan nacional de seguridad que de cuenta de la
diversidad de realidades de nuestro país.
Revaluar el Fondo Común Municipal.
Estamos conscientes de que los recursos son escasos frente a las muchas
demandas. Sin embargo, existe en el Estado de Chile un instrumento que
permitiría redistribuir y apoyar a las comunas: el Fondo Común Municipal (FCM).
Es necesario que el Estado