La ministra de Energía, Susana Jiménez, anunció esta mañana (17 de abril) importantes decisiones sobre el recambio de medidores, pero agregó que se revisará a la baja la rentabilidad de las distribuidoras de manera de asimilarlas a otros entes regulados.

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Ministra de
Energía anuncia que recambio de medidores será voluntario y que ingresará hoy
proyecto de ley para rebajar la rentabilidad de las distribuidoras eléctricas

Susana Jiménez
anunció, además, que el proceso de recambio se extenderá de siete a nueve años,
y que  se propondrá en el proyecto de ley
un piso de 6% de rentabilidad para las compañías eléctricas.

Valparaíso.-
miércoles 17 de abril de 2019. La ministra de Energía, Susana Jiménez, junto al
ministro secretario general de la Presidencia, Gonzalo Blumel, y parlamentarios
y jefes de bancada de Chile Vamos, hizo hoy en el Congreso un importante
anuncio de medidas administrativas y legales respecto del recambio de medidores
inteligentes en los hogares.

La Titular
de Energía explicó que el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera heredó la
situación del recambio de medidores inteligentes de la administración anterior,
dado que tanto la Ley 21.076 como el Decreto que establece el cambio
obligatorio de los medidores fueron dictados durante el gobierno de la entonces
presidenta Michelle Bachelet. 

Sin
embargo, aseguró que se recogieron los planteamientos de la ciudadanía y de los
parlamentarios de Chile Vamos, por lo que el gobierno del Presidente Piñera
resolvió lo siguiente:

1. Modificación de la Norma Técnica de
   Distribución que regula el reemplazo de los medidores, estableciendo el cambio
   voluntario de los medidores eléctricos por parte de los usuarios y extendiendo
   el plazo de recambio de 7 a 9 años.
2.  

Al mismo
tiempo, la responsabilidad del cambio se mantendrá en las empresas, sin
perjuicio de que la aceptación por parte de los clientes será voluntaria.

El recambio
se iniciará con los medidores que son propiedad de la empresa, lo que permitirá
a los hogares descontar de inmediato ese cobro. Adicionalmente, las compañías
deberán priorizar los hogares que tengan sistema de generación-distribuida,
nuevos proyectos inmobiliarios, así como aquellos que soliciten el recambio de forma
voluntaria, o tengan los equipos con fallas.

Con esto,
se busca compatibilizar la voluntariedad del cambio con la importancia de los
avances tecnológicos que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los
chilenos.

• Se revisará a la baja la rentabilidad
  de las empresas distribuidoras de manera de asimilarlas a otros sectores
  regulados, en los cuales se calcula la tasa de rentabilidad adecuada para el
  sector y se establece un piso de 6%.
•  

“Todos
estos cambios se proponen con el objetivo de mejorar la calidad del servicio,
reducir los costos de la energía para los chilenos y cuidar nuestro medio
ambiente”, explicó la ministra Susana Jiménez.

El titular del organismo, Osvaldo Macías, señaló a los diputados de Trabajo que el proyecto tendrá repercusiones importantes porque extiende el perímetro regulatorio que tiene la institución, incorpora otras entidades que deberán ser fiscalizadas y nuevos roles y funciones a los que actualmente existen.

    El Superintendente de Pensiones, Osvaldo
Macías, expuso ante la Comisión de Trabajo de la Cámara, en el marco del debate
del proyecto que mejora las pensiones del pilar solidario y del sistema de
capitalización individual, al tiempo que crea nuevos beneficios para la clase
media y las mujeres y un subsidio y seguro de dependencia (boletín 12.212).

    Macías detalló que, ante los nuevos deberes
que consigna la iniciativa, también se les confieren facultades en la ley.

    Con respecto a la administración del 4 %
adicional que se contempla, explicó que se formarán administradoras de ahorro
complementario para pensiones, las que deberán ser autorizadas, reguladas y
fiscalizadas por el organismo que encabeza, que además deberá autorizar su
régimen de inversión.

    Precisó que la Superintendencia de
Pensiones deberá regular y fiscalizar lo correspondiente al seguro de
dependencia, la administradora del seguro y su funcionamiento.

    El superintendente de Pensiones puntualizó
que formarán parte de un comité de coordinación junto a la Comisión para el
Mercado Financiero, ya que hay muchas materias en común respecto al sistema de
pensiones, por ejemplo, pólizas de renta vitalicia; tasas de interés de
descuento; seguro de invalidez y sobrevivencia; y seguro de dependencia, entre
otras, que deberán ser abordadas por esta instancia.

    Agregó que, debido a la ampliación del
perímetro regulatorio, el proyecto de ley considera aumentar la dotación de la
superintendencia de 247 a 256 funcionarios.

    Finalmente, subrayó que los plazos de la
reforma son estrechos porque, sin duda, el propósito es que las pensiones suban
lo más rápido posible. En ese plano, recalcó que la Superintendencia de
Pensiones debe adaptarse y cumplir con lo que sancione el Congreso Nacional.

    Reacciones parlamentarias

    El diputado Patricio Melero (UDI) destacó
los nuevos ámbitos que abarcará el proyecto y subrayó que el punto en debate
sigue siendo la entidad que administrará este porcentaje adicional.

    “Una serie de beneficios nuevos que no
están hoy día, como es el bono que van a recibir las mujeres que tengan al
menos 16 años de cotizaciones, de una unidad de fomento mensual; el bono clase
media y, desde luego, el seguro de pensión para quienes tengan dependencia
severa, es decir, que no puedan por si solos auto valerse, lo que también es
una creación nueva y que les va a dar una cifra importante mensualmente”,
planteó.

    En esta dirección, sostuvo que lo que se va
consolidando es un principio que hay que hacer valer en materia previsional y
que es la libertad para poder elegir, esto es, que si los chilenos quieren el
aporte adicional destinarlo a la AFP, que es ahora la más rentable, tengan el
derecho a hacerlo. Si se crea un organismo distinto, un gestor del Estado, por
ejemplo y es parte de la negociación, el que quiera hacerlo lo pueda hacer.

    “Pero lo que no tiene lógica alguna es
que le impongamos bajo esta consigna de ‘No más AFP’ la prohibición absoluta a
los chilenos si quieren destinar su aporte adicional al sistema de las AFP”,
remarcó.

    Por su parte, el diputado Tucapel Jiménez
(PPD) dijo que no se entiende que hoy día la tabla de mortalidad esté ajustada
a 110 años, a pesar que hay una mínima cantidad de personas que tienen más de
100 años y que reciben pensión.

    “La verdad, es que esa no es la
realidad de Chile y la pregunta es si ajustamos realmente esa tabla de
mortalidad a la realidad de Chile, en que los promedios de vida serán, no sé,
85, 90 años ¿cuánto sería el porcentaje que mejoraría la pensión de los
chilenos?”, interrogó.

    El diputado cree que esto podría traducirse
en un proyecto de fácil despacho, pese a que el aumento podría no ser mayor,
pero que, igualmente, corregiría una situación en que por un porcentaje muy
menor, se afecte a la mayoría.

Publicado
el 16 de abril del 2019