Fiscalía entregó observaciones a modificar ley sobre acceso a la información pública

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La directora jurídica del Ministerio Público, Marta Herrera, valoró ante los/as diputados/as la iniciativa, no obstante manifestó sus dudas frente a la creación de direcciones de transparencia que propone el proyecto del Ejecutivo, ya que no promovería una respuesta más uniforme.

    El proyecto que modifica la ley sobre
acceso a la transparencia (boletín 12.100) y que analiza la Comisión de
Constitución de la Cámara modifica siete cuerpos legales distintos, en orden a
fortalecer y aumentar los estándares de transparencia en el ejercicio de la
función pública.

    El texto legal propone crear direcciones de
transparencia en los órganos autónomos constitucionales, con el objeto de velar
por el cumplimiento del principio de transparencia, como también del derecho de
acceso a la información pública.

    La propuesta, sin embargo, no es compartida
por el Ministerio Público, según explicó la titular de la Dirección Jurídica
del organismo, Marta Herrera, ya que, de acuerdo a sus características, no
promovería una respuesta más uniforme que es lo que se busca.

    “No le vemos mucho sentido a esta
institucionalidad que, además, no conversaría necesariamente entre sí. Por lo
tanto, no promovería esta intención de tener una respuesta más uniforme”,
planteó.

    En ese sentido, indicó que están sujetos a
un control y tratan de exponer en cifras cómo ese control se ha producido con
los años de implementación de la Ley 20.285, que es totalmente externo a través
de la Corte de Apelaciones respectiva y que, en muchos casos, perdemos.
“Es quien requiere el que gana y nosotros debemos entregar la información
y lo que queremos demostrar con eso es que el control funciona”, precisó.

    En todo caso, dijo que están abiertos a
analizar la mejor forma de generar este control, pero reiteraron que no les
parece que la mejor forma sea la dirección de transparencia porque, a su
juicio, esto solo burocratiza la respuesta que se le da al usuario aumentando
los plazos de respuesta.

    Los representantes del Ministerio Público
detallaron que los ingresos de solicitudes de información por la Ley de
Transparencia se han incrementado de manera exponencial en el período 2013 a
marzo de 2019, siendo la Fiscalía Nacional la entidad que más solicitudes de
información recibe cada año.

    El diputado Leonardo Soto (PS) valoró que
los representantes del Ministerio Público no presentaran mayores objeciones a
la posibilidad de que en el futuro todo lo relativo a la transparencia de su
institución este bajo la supervisión del Consejo para la Transparencia. También
coincidió en que la creación de una institucionalidad paralela no es la mejor
opción.

    “Creo que se fortalece la visión de varios
integrantes de la Comisión, dentro de los que me incluyo, en torno a que el
Gobierno ha presentado un proyecto de ley donde elige un camino equivocado, que
es buscar crear una institucionalidad paralela al Consejo para la Transparencia
y ahí situar a estas instituciones”, acotó.

    De acuerdo a su opinión, “esto no es
conveniente porque significa crear un traje a la medida de estas propias
autonomías, donde cada uno será juez y parte respecto de qué hace público y qué
mantiene en reserva, generando un incentivo perverso para las propias
instituciones”.

    La iniciativa en debate extiende el ámbito
de aplicación de la ley de transparencia a las Corporaciones y Asociaciones
Municipales.

    Asimismo, somete a su aplicación al
Congreso Nacional, Tribunal Constitucional, Ministerio Público, Contraloría
General, Banco Central, Servicio Electoral, Tribunal Calificador de Elecciones
y Corporación Administrativa del Poder Judicial.

    En cada uno de estos órganos se crearán
direcciones de transparencia integradas por tres directores, dos de los cuales
serán designados por la Comisión de Transparencia del Estado de Chile y, el
restante, por el Presidente, jefe superior u órgano de dirección superior del
órgano autónomo constitucional, según corresponda, sobre la base de una nómina
que elaborará el Consejo de Alta Dirección Pública.

Publicado
el 12 de abril del 2019