Hasta cuándo los niños vulnerables de Chile no son prioridad y se transforman en un frío y cuestionable negocio. Señor Presidente Sebastián Piñera, creí y tuve la esperanza que después del caso SENAME, nunca más, jugaríamos con las vidas y salud de los niños.

Los
chilenos deben saber que para evaluar esta millonaria licitación, la JUNAEB se
hizo asesorar por un organismo autónomo integrado por “expertos” y asesorados
por Price WaterhouseCoopers y la Dirección de Investigaciones Científicas y
Tecnológicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile (DICTUC). Se creó,
incluso (que debe haber tenido un costo), un programa matemático para resolver
el tema de esta licitación y no caer en la excepción de la norma. Un trabajo de
asesoría y parafernalia comunicacional que finalmente llegó a lo mismo de
siempre, tal como sucedió en años anteriores: EL DESPRESTIGIADO TRATO DIRECTO.

Christian
Slater Escanilla.

En octubre
del 2018 la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) inició, según su
director nacional Jaime Tohá, un proceso totalmente transparente y prolijo,
para satisfacer el servicio de suministro de raciones alimenticias de niños
escolares y párvulos en condiciones de vulnerabilidad, por los tres años
siguientes (2019, 2020, 2021 y hasta febrero de 2022). Mil millones de dólares
del Estado o mejor dicho, de todos los chilenos, para seleccionar las empresas,
nacionales o extranjeras, que finalmente se deberán hacer cargo del suministro
de raciones alimenticias para 1.527.804 alumnos del sistema escolar, abarcando
4.431 establecimientos educacionales distribuidos en 9 regiones del país. Un
servicio tercerizado del Estado que involucra una inversión de miles de
millones de pesos del presupuesto de la nación.

         En el proceso iniciado hace 4 meses se
buscaba garantizar la imagen de transparencia del Estado de Chile impulsado por
el actual gobierno para mejorar y privilegiar los procesos de licitación
pública, eliminando la cuestionable práctica del trato directo, lo que en años
anteriores fue cuestionado por la Contraloría General de la República y por la
Cámara de Diputados, llegando a establecerse querellas criminales interpuestas
por el Consejo de Defensa del Estado en contra de funcionarios de la JUNAEB.

         El proceso de licitación se inició el
2 de octubre de 2018 con la publicación de las respectivas bases en el portal
electrónico del Mercado Público, proceso aprobado por la Contraloría General de
la República. Pese a todas las promesas, bastó solo eso para que se iniciaran
los indeseados problemas que el gobierno no quería que se repitieran.

         Durante el proceso de licitación en
que participaron una decena de empresas y que generó una serie de reclamos y
denuncias, en vez de buscar las soluciones, el viernes 25 de enero, la JUNAEB,
por Resolución Exenta N°163, declara desierta la licitación por la existencia
de una supuesta imposibilidad de finalizar el proceso de licitación en los
términos y plazos que se había propuesto, dificultado por la complejidad de los
antecedentes a analizar en relación a las denuncias y a los más de 100 reclamos
formulados dentro de dicho proceso. En esa misma resolución, la JUNAEB,
reconoce y constata que DIPRASA, COAN Chile y ALISERVICE, infringieron el pacto
de integridad por entregar información no fidedigna, incompleta, o derechamente
falsa. Algo que ha dejado claro Servicios Alimenticios  HENDAYA, en la demanda presentada al
Honorable Tribunal de Contratación Pública, mediante oficio del 08 de febrero
del presente año quedando catalogado como la causa 44-2019 y, que dicho
Tribunal, a su vez, a solicitado por oficio N° 77-2019 del 14 de febrero, para
que el director de la JUNAEB informe de la materia objeto de impugnación que
incide en la licitación denominada “Suministros de Raciones Alimenticias” ID
N°85-27-LR18.

         Inmediatamente, a continuación de
declarar desierta la licitación, el director de JUNAEB, Jaime Tohá Lavanderos,
el lunes 28 de enero, en una nueva decisión, publica la extensión de los
contratos vigentes en el Programa de Alimentación Escolar. Lo que está dentro
de sus atribuciones y parecía lo más conveniente mientras se llamaba a un nuevo
proceso de licitación. Contratos que se pueden extender por plazos de hasta 12
meses y que, en beneficio de la deseada transparencia, habrían permitido, en
ese período, corregir y cumplir con los reparos de la Contraloría, protegiendo
además la intención y visión de lo que tanto a ha expresado el presidente
Piñera: los niños, “siempre primeros”.

Pero las
sorpresas de la JUNAEB, no habían terminado. El 6 de febrero por Resolución
N°222 comunica que se adjudica con éxito el Programa de Alimentación Escolar
por la vía del TRATO DIRECTO. Una resolución que dejó al descubierto una doble
negociación y que, a espaldas de otras empresas participantes, la JUNAEB
comenzó una doble negociación de caso a caso, pero solo con algunas
empresas.  Resolución, que por lo demás
no ha sido publicado oficialmente y cuyo trato directo resuelto incluye a la
empresa ALISERVICE, la misma que fue cuestionada por la Contraloría y por la
JUNAEB y a la empresa DIPRALSA, la que a su vez también fue cuestionada por la
JUNAEB, en su Resolución Exenta N°163, donde declara desierta la licitación.

         Estimado lector, no acostumbro a
escribir sobre estos temas, pero desde octubre del 2018 cuando leí el
millonario monto que el Estado de Chile invertiría para favorecer a los niños
en edad escolar de este país, de inmediato me surgieron innumerables dudas, más
aún cuando se hacía referencia a las “nuevas e infalibles medidas de
transparencia”. Peor aún, cuando dichos niños no tienen abogados, ni una red de
protección para asegurar sus derechos.

         Solo he querido ordenar las ideas y
los antecedentes para que ustedes decidan y juzguen, pero por favor, no se
queden con mi simple trabajo que he logrado completar gracias a “La Segunda”,
The Times Chile” y “El Mostrador”. Han de saber también que, a partir de estas
evidentes y claras arbitrariedades hay autoridades y trabajadores que se han
sumado en contra de este mega entuerto. Uno de ellos ha sido el diputado de
Renovación Nacional, Andrés Celis quien ha solicitado la renuncia del director
de JUNAEB, Jaime Tohá Lavanderos. Del mismo modo el diputado Celis ha enviado
un oficio de fiscalización al subsecretario de educación y esperemos que
también haga algo parecido en la Contraloría y en el Ministerio Público.

         Por su parte, la Federación Nacional
de Manipuladoras de Alimentos, desde el año pasado hasta este 31 de enero se
han manifestado en diferentes movilizaciones a lo largo de Chile, preocupadas
por sus gratificaciones, que son asumidas por las empresas que licita la JUNAEB
y donde la situación producida ha generado desconfianzas en su futuro laboral.
Un pelo más en la sopa para las movilizaciones prometidas para marzo. 

         En lo particular me gustaría saber o
al menos que alguien me aclarara cómo la JUNAEB, bajo la intención de obtener
negociaciones más ventajosas, realiza un trato directo con solo algunas de las
empresas oferentes, dentro de ellas también las cuestionadas y, finalmente,
según ellos, con las ofertas ya conocidas previamente, llegan a precios muy
convenientes y de ahorro para el Estado. Mi papá siempre me decía: si sobra
dinero, hay chanchullo.

                  Finalmente, saber por qué no
se han considerado las recomendaciones de NutreChile, quien agrupa el 72% de
las empresas de alimentos y que a liderado ese rol con acercamientos entre las
empresas, JUNAEB y las asociaciones gremiales que agrupan a las manipuladoras
de alimentos. NutreChile desde hace meses que viene advirtiendo que las
licitaciones se distribuyen en las empresas con peor calificación debido a una
inapropiada estrategia de privilegiar el pago de un menor precio por sobre
cualquier otro factor, tal como lo manifiesta el director de la JUNAEB para
justificar el trato directo.

         Por favor, no jueguen más con los
niños y no se preocupen de hacer ahorros con ellos. Extiendan los contratos
vigentes y llamen a una nueva licitación. ¡Eso es transparencia! Lo que han
hecho no tiene nada de prolijo. A los niños y en general a los chilenos, les
interesa que finalmente se adjudiquen estas licitaciones las empresas que hayan
demostrado seriedad y compromiso. Que tangan una historia con respaldo y que
hayan sido bien evaluadas. Poco nos interesa que sea una empresa chilena o
extranjera, solo exigimos que esos niños reciban —sin dificultades ni interferencias—
su alimentación, conforme al contrato firmado.

Otros
antecedentes:

ALICOPSA,
una empresa del grupo Pentzke que se define como una compañía de la industria
de la alimentación formada el año 1986. En su página WEB afirma que, atiende
diariamente —a través de la JUNAEB JUNJI e INTEGRA— a 600 establecimientos
durante el período escolar.

ALISERVICE,
una empresa nacional con más de 10 años de experiencia en el servicio de
alimentación, participando en el Programa de Alimentación Escolar de la JUNAEB.
El año 2018 Deloitte (firma privada de fama internacional en servicios
profesionales) y sus partners del Banco Santander y la Universidad Adolfo
Ibáñez, le entregaron un reconocimiento por su excelente desempeño empresarial.

COAN,
empresa nacional con capitales brasileños que se auto define como una de las
empresas con mayor éxito dentro del programa de JUNAEB. Se destaca por su
participación en la Región Metropolitana y VIII Región (Concepción).

DIPRALSA,
empresa con una experiencia de más de 27 años de trayectoria en el mercado
nacional de alimentación escolar, principalmente en la Región del Maule. Se ha
adjudicado varias veces contratos de alimentación con la JUNAEB. No fue posible
abrir su página WEB.

HENDAYA,
una empresa especializada en servicios de alimentación escolar, cuyos
principales clientes son instituciones del Estado, tales como JUNAEB, entre
otros. Principalmente atiende la Región Metropolitana, Región de Los Ríos y
Región de Los Lagos (Puerto Montt y Chiloé)

LAS DALIAS,
una sociedad anónima de capitales chilenos con 18 años de experiencia en el
rubro de alimentación masiva. Desde el 2005 es proveedor de la JUNAEB y fija
sus instalaciones en la Región Metropolitana.

MERKEN, es
un consorcio que reúne a un conglomerado de empresas del rubro de la
alimentación, donde el Consorcio Merkel SpA, con anterioridad a esta nueva
licitación fue cuestionada por adjudicarse más del 80% de la cobertura nacional
y en diciembre del 2018, por la insalubre condición de almacenamiento de sus
alimentos. No fue posible encontrar una página WEB con la información pública y
precisa de esta empresa, pero si existe información de que es proveedora de la
JUNAEB.

NUTRIPLUS,
una empresa multinacional con capitales brasileños y con más de 35 años en el
rubro de la alimentación. Empresa que participa en el Programa de Alimentación
Escolar de la JUNAEB y atiende a las escuelas de cinco estados brasileños,
Paraguay y Uruguay. Dentro de su página WEB se destaca su participación en la
Región de Los Lagos con un programa, que junto a la SEREMI de Agricultura
permitirá incorporar la miel en las minutas escolares alimenticias de la
JUNAEB, como también, un novedoso programa con INDAP de esa Región, para
incorporar a los horticultores de la zona en un proyecto alimenticio para favorecer
a los niños escolares del Programa de Alimentación Escolar de la JUNAEB.

SAVISA, es
una empresa nacional del grupo Abumohor, dedicada desde hace 15 años a la
entrega de servicios alimenticios de los programas gubernamentales de
alimentación escolar. Opera en la Región Metropolitana, y zona norte del país
(en Arica, Iquique, Antofagasta y Calama).

SOSER, es
una empresa con más de 20 años de experiencia como proveedor de raciones
alimenticias de programas institucionales, en este caso la JUNAEB. Entrega
raciones de alimentos en los colegios pertenecientes a las Unidades
Territoriales asociadas a las Regiones de Atacama, Libertador Bernardo
O´Higgins, Bío Bío y Aysén.

         Todas estas empresas que se han
destacado en el rubro de la alimentación, no hay duda que reúnen las
condiciones que le permitieron participar en la licitación de octubre de 2018.
Hasta ahí todo bien y dentro de las nuevas expectativas de transparencia del
Gobierno.

         Lamentablemente, este derroche de
transparencia y buenas prácticas cambia a partir del 18 de enero del presente
año cuando la Contraloría General de la República toma razón de la resolución
de JUNAEB en que la empresa ALISERVISE, ya identificada anteriormente, se
adjudica la alimentación para escolares por los próximos tres años y por un
total de 230 mil millones cada año. Al respecto la Contraloría, sabiamente,
solicitó dar a conocer la composición societaria de dicha empresa. Algo de lo
que los ciudadanos que andamos de a pie nos hemos podido enterar por los medios
de comunicación, que una vez más, han hecho una excelente investigación del
tema.

Christian Slater Escanilla.

Coronel de Ejército.

Exitosa investigación se desarrolló a partir que se detectó que los integrantes de una banda dedicada al narcotráfico hacían envíos de droga a Santiago, oculta en camas que eran despachados por encomienda desde Iquique.

Los seis integrantes de una banda —uno
de nacionalidad chilena y el resto bolivianos— detenidos cuando intentaron
ingresar al mercado más de 90 kilos de droga oculta entre bultos de diversas
encomiendas que declaraban el traslado camas, fueron condenados en el marco de
la denominada operación “Morfeo”

El caso fue presentado por el  fiscal de Maipú, Luis Vacca Soria, ante el
Quinto Tribunal Oral de Santiago luego de una investigación iniciada en mayo de
2018 por denuncia de la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones
de Chile.

 “Se trabajó de
forma muy eficiente en conjunto con la Brigada Antinarcóticos de la PDI. Y a
raíz de esto incautamos una cantidad de droga considerable, y lo más
importante, logramos impedir que llegara al mercado”, destacó
Luis Vacca Soria.

Paso a Paso

En
la etapa investigativa, de acuerdo a los antecedentes que se conocieron en el
juicio oral, se estableció que Prudencio Ugarte (boliviano) recibiría desde la
ciudad de Iquique un envío que declaraba el transporte de una cama. La
presencia de la droga fue posible por el trabajo de uno de los perros de la
policía que detectó la presencia de droga.

Al
continuar con el trabajo de pesquisa se detectó la presencia de droga en otras
encomiendas, todas las cuales provenían de la misma ciudad y que venían declaradas
también como camas.

En
suma, de ese procedimiento se evitó la comercialización de más de 85 kilos de
droga, entre pasta base de cocaína y clorhidrato de la misma sustancia y se
logró la captura de otras cinco personas, todas las cuales fueron finalmente
condenadas por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes.

Estos
 fueron 
identificados como  Prudencio
Ugarte Condori, Ciro Alexis Pinto Ruz (chileno) y René Villegas Gallego,
encargados y transportar la droga; Salvador Ibarra Guerrero, Basilia Zeballos
Brito y María Fuentes Delgadillo.

Todos
los imputados, con la excepción de Salvador Ibarra Guerrero, obtuvieron una
pena de seis años de presidio mayor en su grado mínimo, multa de 40 unidades
tributarias mensuales en calidad de autores del ilícito de tráfico de drogas.

Respecto
del chileno Pinto Ruz, se le suman 541 días más a la pena principal por el
delito de tenencia ilegal de municiones. Finalmente, a Ibarra Guerrero, el
tribunal consideró pertinente la pena sustitutiva de exclusión del territorio
nacional, ya que no se le otorgó el agravante de reunión o agrupación que
contempla le Ley 20.000

Nadie es profeta en su tierra y es así como la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso viene a imponerse del proyecto Ecobarrios desarrollado en la población Cuatro Álamos para desarrollarlo en barrios del Gran Valparaíso.

Sin duda que le ha costado mantener el proyecto Ecobarrios en la
Población Cuatro Álamos y en ello han luchado tanto Luis  Márquez como Ricardo Acuña, pero es fundamental
el respeto de los vecinos al proyecto y su participación activa en el cuidado
de su entorno, lo que indica que se puede educar en el tema ecológico.

Es así como este miércoles recibirá una delegación del Núcleo
Biotecnología Curauma, perteneciente a la Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso, que se ganó un proyecto regional denominado “Economía circular
para promover Ecobarrios en viviendas sociales en la región de
Valparaíso”.

Con esta visita a Maipú, donde no estarán presentes autoridades
comunales, busca imponerse directamente del proyecto Ecobarrios y ver la posibilidad
de implementarlo en dos barrios de la quinta región, implementando
eventualmente un proyecto piloto en cada barrio basado en prácticas
sustentables.

“Hemos investigado sobre el exitoso caso del Ecobarrio que usted dirige,
y es por esto que nos encantaría poder visitarlos, para conocer más de cerca
sus experiencias y recoger testimonios que nos permitan sensibilizar a la gente
sobre la importancia de este tipo de iniciativas.”, señala Camila Sierralta,
encargad del Núcleo  de la PUCV a Ricardo
Acuña. Donde acuerdan la visita para este miércoles 20 de febrero a las 10:30
horas.

Ecobarrios se ha convertido en un proyecto de exportación y que nace de
una tala de árboles inmensa el año 2002 para colocar un colegio municipal a
metros de otro colegio municipal en la población Cuatro Álamos.

Día de los Enamorados en Maipú con gran presencia de público en el Monumento a los ;  pocos inscritos para cumplir la meta de la alcaldesa Cathy Barriga de unir 500 corazones solitarios  en tan significativa  fecha. El tinder  alcaldicio no dio los resultados esperados , pero marca una nueva faceta de los planes  de desarrollo de la comuna, al menos en los planes  alcaldicios. 

No hay segundas voces en cuanto a que la diversión es necesaria
en cualquier tipo de sociedad, pero cuando esta es la actividad 
principal de  una gestión, 
al menos crea una incertidumbre sobre
 el futuro cercano de la gestión municipal. 

La noche del miércoles 14 de
febrero era joven, con mucha juventud, que  no siente preocupación o esta
despreocupada por los destinos de la comuna, principalmente de la única
sanitaria pública que está quedando en Chile y que administra la Municipalidad
de Maipú , de los proyectos comuna y de los cuales sólo se mantienen los
heredados, salvo la cancha de patina

Pero lo fundamental es que en el Día de San
Valentín  se logró que poco más de media
docena de jóvenes lograran el comienzo de una amistad que se espera perdure,
recibiendo premios y estimulos.

La alcaldesa Barriga, en una de sus mejores
perfomances,  como es la animación, logró
 que el “Punto” se comprometiera y
pidiera matrimonio, con un marco de público importante a Lucy, pero a su vez comprometió
hacerse cargo a nombre del municipio de su boda, boda que se concretaría durante
el mes de octubre, según indicó el propio Roberto “Punto” Rivera ante su polola
Lucy Barrientos.

Sin duda la estrella de la noche fue “El
Punto”,  que se desempeña de radio control
y D.J .en su vida laboral, y dio a conocer que está pasando por un gran momento
en su vida sentimental.  La alcaldesa Barriga,
comprometida con el solemne momento en la vida de Roberto y Lucy,   a
nombre de la Municipalidad de decide hacerse cargo de los gastos que implicara la
boda de Roberto Rivera y Lucy Barrientos.

Avanzada la noche se entregó la premiación
consistente en un pasaje a Buenos  Aires,
 Argentina y otro a Punta Arenas;  cenas de compromiso.

Con fecha 2
de febrero de 2019 el Diario Oficial, publicó la ley Nº 21.135 que otorga
beneficios de incentivo al retiro para los funcionarios municipales.

El texto
legal  establece la bonificación por
retiro voluntario, para los funcionarios municipales que en el período
comprendido entre el 1 de julio de 2014 y el 31 de diciembre del año 2025,  hayan cumplido o cumplan 60 años de edad en
el caso de las mujeres, o 65 años de edad si son hombres, y cesen en sus cargos
por aceptación de renuncia voluntaria, en los plazos a que se refiere esta ley.

La
bonificación por retiro voluntario será el equivalente a un mes de remuneración
por cada año de servicio, o fracción superior a seis meses prestados por el
funcionario en la administración municipal, con un máximo de seis meses. Se
reconocerán además los períodos discontinuos siempre que ellos sean superiores
a un año o, al menos, uno de ellos sea superior a cinco años.

Por su
parte, el alcalde deberá  someter a
concejo, la posibilidad de otorgar a los funcionarios beneficiarios la
bonificación indicada, en las condiciones y plazos que indica la norma, así
como una bonificación por retiro complementaria, que en conjunto no podrán
sobrepasar los años de servicios prestados en la administración municipal.  Además, indica que el alcalde y el Concejo no
podrán acordar bonificaciones por retiro complementarias para algunos
funcionarios, excluyendo a otros, como tampoco diferenciadas entre ellos.

Por último,
entre otras precisiones, se indica que las municipalidades deberán remitir las
postulaciones que cumplan los requisitos a la Subsecretaría de Desarrollo
Regional y Administrativo, dentro de los diez días hábiles siguientes al
vencimiento de los plazos especificados en la ley, junto a las certificaciones
respectivas. Corresponderá a las municipalidades verificar el cumplimiento de
los referidos requisitos.

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categoría: « Ministro Chadwick comprometió su participación en el Congreso Latinoamericano
de Autoridades Locales Subdere suscribirá convenios para que municipios
potencien proyectos de sustentabilidad medioambiental »

La propuesta, enviada ahora a segundo trámite, permite que el procedimiento simplificado para la regularización de viviendas de autoconstrucción tenga tres años más de vigencia.

    El 4 de febrero próximo vence la vigencia
de la llamada “Ley del Mono”, es decir, el marco normativo que define
un sistema simplificado para la regularización de viviendas de
autoconstrucción.

    Reconociendo el amplio número de
construcciones que no han podido acogerse aún a este beneficio, un grupo de
legisladores/as presentó en octubre de 2018 un proyecto (boletín 12153) que
extiende la aplicación de la citada ley, propuesta que fue analizada en la
Comisión de Vivienda de la Cámara y que hoy la Sala ratificó por una votación
unánime de 123 votos favorables.

    La iniciativa, despachada al Senado a
segundo trámite, extiende la vigencia del sistema simplificado por tres años
más, con lo cual la nueva fecha de caducidad quedaría fijada para el 4 de febrero
de 2022. Además, se agrega una precisión en torno al certificado de avalúo que
otorga el Servicio de Impuestos Internos, que se debe presentar ante la
Dirección de Obras Municipales para realizar el proceso de regularización,
particularmente para aclarar que el documento debe estar conforme a la fecha de
publicación de esta ley.

    La propuesta aprobada hoy fue ingresada a
trámite por un grupo de legisladoras/es encabezado por la diputada RN Aracely
Leuquén y que integraron sus compañeros de partido Camila Flores, René Manuel
García y Andrés Longton, el independiente René Alinco y el Evópoli Pablo Kast.

    Historia y datos de la Ley del Mono

    La primera normativa relacionada a este
tema surgió en 2008, con la Ley 20.251, que estableció un procedimiento para
regularizar la situación de estas construcciones y obtener ante la respectiva
Dirección de Obras Municipales la recepción definitiva.

    Luego, en 2014, se dictó la Ley 20.671, que
amplió el plazo para acogerse a dicha posibilidad de regularización hasta junio
de 2016. Por último, en atención a que para la fecha de expiración de este
beneficio aún restaban muchas viviendas por acogerse al beneficio, se dictó la
Ley 20.898, que amplió la vigencia, generándose así un nuevo plazo que vence el
4 de febrero de 2019.

    La ley vigente establece que los
propietarios de viviendas que no cuenten con recepción definitiva, total o
parcial, emplazadas en áreas urbanas o rurales, podrán, dentro del plazo de
tres años contado desde la publicación de esta ley (plazo ya extendido por las
leyes mencionadas y la presente propuesta), obtener los permisos de edificación
y de recepción definitiva, siempre que las viviendas cumplan, además, los
siguientes requisitos:

    1) Haber sido construidas antes de la publicación
de esta ley.

    2) No estar emplazadas en áreas de riesgo o
protección, en terrenos declarados de utilidad pública o en bienes nacionales
de uso público. Tratándose de áreas urbanas, deberán estar emplazadas en suelo
que admita el uso residencial.

    3) Tener un avalúo fiscal de hasta 1.000
unidades de fomento. El avalúo se acreditará con el certificado otorgado por el
Servicio de Impuestos Internos.

    4) Tener una superficie cuyos recintos
habitables, incluidos baños y cocina, no exceda de 90 metros cuadrados.

    5) No tener, a la fecha de ingreso de la
solicitud de regularización, reclamaciones escritas pendientes por
incumplimiento de normas urbanísticas ante la dirección de obras municipales o
el juzgado de policía local respectivo.

    6) Cumplir con las normas de habitabilidad,
seguridad y estabilidad de las viviendas; las aplicables a las instalaciones
interiores de electricidad, agua potable, alcantarillado y gas; y las normas de
habitabilidad, alturas, terminaciones, ventilación, seguridad contra incendio y
resistencia, entre otros.

    Finalmente, la ley define que los
propietarios deberán presentar ante la dirección de obras municipales
respectivas una solicitud de permiso y recepción simultánea, acompañando
diversos documentos (como el citado certificado de avalúo), al tiempo que se
regula el tema de los derechos municipales exigibles en el caso.

Publicado
el 17 de enero del 2019

La iniciativa, despachada al Senado para su segundo trámite, establece que los reglamentos que, habiendo sido ingresados para su toma de razón en la Contraloría General de la República durante el año 2018, fueron publicados entre el 1 de enero del año 2019 y la fecha de publicación de esta ley, entrarán en vigencia a partir de esta última.

En sesión
especial legislativa, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó y despachó al
Senado el proyecto del Gobierno que busca modificar el régimen para la entrada
en vigencia del primer reglamento de planta de personal de municipalidades
(boletín 12372).

La propuesta, ratificada por unanimidad, señala entre sus fundamentos que,
durante el año 2018, de un total de 345 municipios se ingresaron a la
Subsecretaría de Desarrollo Regional y a la Contraloría General de la República
un total de 152 reglamentos de planta de personas, encontrándose al 31 de
diciembre de 2018 tan solo 96 reglamentos tomados de razón y publicados en el
Diario Oficial.

Agrega que, entre varios factores que explican el bajo número de nuevos
reglamentos tomados en razón se encuentran: que esta facultad se ejerce por
primera vez desde el año 1994, existiendo desconocimiento sobre la forma de
materializar lo dispuesto en la ley; y que el instructivo relativo a la forma
en que el reglamento debía confeccionarse y los requisitos para fijar o
modificar la planta de personal fue emitido por la Contraloría General de la
República, en julio de 2018, y se elaboraron planillas complementarias al
instructivo dos meses después del señalado instructivo.

En ese sentido, describe que, atendido el estado de las cosas, una cantidad
significativa de reglamentos de plantas de persona ingresadas a la Contraloría
General de la República durante el año 2018 no fueron tomados de razón durante
dicho año, considerando la sobrecarga de la institución; y, por ende, tampoco
pudieron ser publicados en el Diario Oficial al 31 de diciembre de 2018, tal
como lo exige la ley, para su entrada en vigencia al 1 de enero de 2019.

Con el objeto de apoyar este proceso y permitir que los municipios puedan
obtener la modificación de sus plantas en los términos legales recientemente
expuestos, es que el proyecto de ley establece que, según los términos
propuestos en la Comisión
de Gobierno Interior,
reglamentos que, habiendo sido ingresados para su toma de razón en la
Contraloría General de la República durante el año 2018, fueron publicados
entre el 1 de enero del año 2019 y la fecha de publicación de esta ley,
entrarán en vigencia a partir de esta última.

Publicado el 16 de enero del 2019

Señor Director:

Estábamos
tan bien en este último tiempo, descansando de verlo acompañado —a sus espaldas
y forzosamente— por los Comandantes en Jefes Institucionales. Lamentablemente
duró poco. Su manía por ser el único vocero de las Fuerzas Armadas y creer que,
como Ministro de Defensa lo puede hacer mejor que ellos, relegándolos a un
segundo plano como si solo fueran sus ayudantes, no podría haber sido algo más
molesto para aquellos que alguna vez vestimos de uniforme y respetamos profundamente
la figura de un Comandante en Jefe.

Este 12
de febrero, fue el colmo. Desautorizó, sin ningún amparo legal, a la autoridad
militar, el Contraalmirante Carlos Huber quien, claramente por un tema de
seguridad y mejor empleo de los medios bajo su mando, dispuso el toque de queda
en las comunas alrededor de Concepción. Apropiado es recordar que dicha
autoridad militar fue designada por el Presidente de la República, quien delega
directamente sus facultades en quienes se hagan cargo de las zonas declaradas
en Estado de Excepción.

Si el
Presidente no estuvo de acuerdo, que es lo que me imagino ocurrió, por una
falta de comunicación entre la autoridad militar y civil, él debió haber
dispuesto la revocación de esa disposición o haberle ordenado directamente al
Contraalmirante que la dejara sin efecto o, en el peor de los casos, pero sí
dentro de sus atribuciones, haberlo relevado de su cargo. Alternativas que, en
este caso, no son del Ministro de Defensa.

Nuevamente,
por culpa de los políticos y la política, denostamos y ninguneamos
gratuitamente a través de los medios de comunicación, a una autoridad militar.
 En la radio Bío Bío todos los chilenos (y el mundo entero) pueden
escuchar el audio donde el Contraalmirante claramente señaló: […]
producto de los fuegos que tuvimos anoche en forma simultánea, prácticamente en
el mismo tiempo, cuatro focos de incendios importantes … he
decidido que a contar de hoy día en la noche vamos a tener toque de
queda, en las comunas alrededores de Concepción y Talcahuano que están
en Estado de Excepción.  […].

        
Ahora, poco importa cómo se solucione este impase, el daño, una vez más, ya
está hecho. El
hombre a sueldo, el soldado, es un pobre héroe, víctima y verdugo, cabeza de
turco sacrificado, día por día, a su pueblo, que se burla de él; es un mártir
feroz y humilde al mismo tiempo, que se arrojan mutuamente el Poder y la
Nación, siempre en desacuerdo. (ex militar y escritor francés, Alfred Victor
de Vigny, París, agosto de 1835).

Christian Slater Escanilla.

Coronel de Ejército ® .

RUT. 7.842.009-K

In dubio pro reo (ante la duda razonable, siempre en favor del reo). Una expresión jurídica que se refiere a la valoración de la prueba, cuando persiste una duda racional. El mejor ejemplo es la reciente sentencia del ministro Alejandro Madrid en contra de quienes —según su investigación— son los culpables de la muerte de Eduardo Frei Montalva, algo que han puesto en duda e incluso se han negado a creer, médicos, abogados, juristas exjueces, amigos cercanos y familiares del expresidente. 

Este
principio, tal como lo dice un informe de investigación jurídica de Costa Rica,
es un aforismo en favor de la idea de protección de los derechos fundamentales
del hombre, tales como: “in dubiis reus
est absolvendus” (en la duda hay que absolver al reo) o “semper in dubiis
benigniora preferencia sunt” (en los casos dudosos se ha de preferir siempre lo
más benigno). Situación que, para quien juzga, permite absolver al
culpable y no condenar al inocente.

Del
mismo modo, esta investigación jurídica nos recuerda que cualquier lector del
fallo, debe ser capaz de captar las razones que llevaron al juez para asumir
una determinada posición. 

Lo
mismo debiera ocurrir en el proceso que afecta al excomandante en jefe del
Ejército, General Juan Emilio Cheyre Espinosa, quien junto a otros ex
oficiales, fue procesado por el ministro Vicente Hormazábal, como presunto
autor de la eventual aplicación de tormentos a 24 detenidos en el Regimiento
Arica, en la ciudad de La Serena, durante el año 1973.

Las
declaraciones de los 24 detenidos que dicen haber sido torturados por el
Teniente Cheyre, hace 45 años atrás, hablan de golpes con palos y culatazos en
la boca y, el ministro investigador les cree a ellos, no a la defensa ni a
quienes conocemos por años al inculpado. Un joven oficial que en esa época se
desempeñaba como Ayudante del Comandante del Regimiento. Un puesto que es
absolutamente administrativo y alejado de cualquier otra actividad militar que
no sea preocuparse de los papeles que entran y salen de la oficina del
Comandante. Un cargo que, por reglamento institucional, demanda y exige esa
única función, sin mando ni tropa bajo su responsabilidad y que, por su escasa
experiencia y grado, no toma ninguna decisión. La mayor decisión de un Ayudante
está en decidir qué carpeta con documentos le pasa primero a su Comandante para
que tome conocimiento, firme o estampe alguna providencia.  

En
ambas situaciones, los procesados por el caso Frei y por el caso de Cheyre, han
sido perseguidos por la antigua justicia, la que dejó de existir el año 2005.
Es ahora cuando se debiera aplicara la expresión jurídica“semper in dubiis benigniora preferencia sunt” (en los
casos dudosos se ha de preferir siempre lo más benigno). Es decir, que en la
fase de Apelación y siguiente, se aplique, justamente, lo más benigno, es decir
el actual Código Procesal Penal, el único vigente y el único que da garantías
de un debido proceso. El único que nos hace serios y respetables a la vista del
resto del mundo, donde los países desarrollados, tienen una sola justicia.

No creo que exista algo más dudoso que ser perseguido por la antigua
justicia inquisidora, donde un mismo juez acusa, persigue, carea, interroga y
sentencia sobre sucesos que ocurrieron hace más de 40 años, con testigos que
recién aparecen quienes, de ser creíbles, podrán acceder —ellos o sus
familiares— a millonarias reparaciones económicas. Si de dudas se trata, ni
hablar de los Tribunales de Justicia que tienen un 65% de desaprobación
ciudadana. Lo anterior, conforme a la última encuesta CADEM, de enero de este
año.

Una
justicia que en desmedro de la figura del Presidente Patricio Aylwin Azocar
podría dividir definitivamente a la Democracia Cristiana, levantando un
magnicidio —con o sin certeza jurídica— en favor de Eduardo Frei Montalva.

Christian Slater Escanilla.

Coronel ® de Ejército.

TLa agrupación Dacafochi llama a udicinar a jóvenes talentos que deseen incursionar en el folclor. Las inscripciones están abiertas y para ello hay que solicitar hora por mail o teléfono.

Dirigido a
niños de 6 a 13 años (danza) o de 10 a 15 años (músicos); con o sin experiencia
en folclor y con ganas de participar como músico o bailarín en la agrupación.

TALLER JUVENIL (Música o Danza):

Dirigido a
jóvenes de 14 a 19 años con o sin experiencia en danza, música o folclor en
general; que se integran por primera vez a la agrupación, salud compatible con
la actividad y con interés de aprender acerca de las diferentes manifestaciones
de la danza o la música en la cultura tradicional.

En el
taller de música se requiere del dominio (básico) de algún instrumento musical
o de la voz.

ELENCO SUPERIOR (Música o danza):

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para jóvenes mayores de 17 años con experiencia en interpretación de danzas o
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